En 1991, Colombia dio un paso histórico al promulgar una nueva Constitución que representó un viraje profundo en la estructura del Estado. Fue producto de un momento excepcional de apertura política y voluntad de reconciliación, impulsado por una Asamblea Nacional Constituyente que incluyó a sectores antes excluidos, como los excombatientes del M-19, indígenas y jóvenes. La Carta del 91 simbolizó un nuevo pacto social fundado en la dignidad humana, la participación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.
A más de tres décadas de su adopción, sin embargo, la pregunta resurge con fuerza: ¿es necesario cambiar la Constitución de 1991?
Logros y fortalezas
La Constitución de 1991 marcó una revolución jurídica en Colombia. Amplió de manera significativa el catálogo de derechos, incluyó mecanismos novedosos como la acción de tutela —una herramienta eficaz para proteger derechos fundamentales— y fortaleció el papel del Estado como garante del bienestar colectivo. Introdujo también instituciones como la Corte Constitucional, que ha tenido un rol destacado en la defensa del orden constitucional y en decisiones emblemáticas sobre derechos de minorías, medio ambiente, salud y educación.
Además, promovió una democracia participativa, abriendo caminos para que la ciudadanía incida directamente en los asuntos públicos mediante referendos, cabildos abiertos y consultas populares.
Críticas y desafíos actuales
Sin embargo, el cumplimiento de sus promesas ha sido desigual. Persisten brechas profundas en la realización efectiva de derechos en amplios sectores del país, especialmente en las zonas rurales. La corrupción, la violencia, la pobreza y la exclusión siguen presentes, lo que ha generado una creciente desafección hacia el sistema político.
Además, la Constitución ha sido objeto de múltiples reformas —más de 60— que han debilitado su coherencia inicial. Algunas de estas reformas, impulsadas por intereses coyunturales, han erosionado principios fundamentales como la separación de poderes o la autonomía de instituciones clave.
Por otro lado, el mundo ha cambiado significativamente desde 1991. Hoy enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la inteligencia artificial, nuevas formas de violencia y transformaciones en el mundo del trabajo que no estaban previstas en el diseño constitucional original.
¿Reforma profunda o nueva Constitución?
Existen dos grandes caminos: reformar estructuralmente la actual Constitución o reemplazarla por una nueva. Los defensores de la reforma argumentan que la Constitución del 91 sigue siendo una base sólida que puede adaptarse a los tiempos modernos sin necesidad de desmontar sus logros fundamentales. Una reforma bien pensada podría actualizar instituciones, fortalecer mecanismos de control y mejorar la implementación de derechos.
Por el contrario, quienes proponen una nueva constitución afirman que se necesita un nuevo pacto social para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Alegan que solo un proceso constituyente amplio y participativo podría dar lugar a una carta que responda verdaderamente a las aspiraciones de una sociedad más plural y diversa.
Ambas rutas implican riesgos. Una Asamblea Constituyente puede abrir la puerta a la captura del proceso por parte de intereses políticos específicos, y generar inestabilidad institucional. Por eso, cualquier intento debe partir de un consenso nacional amplio y transparente.
La voz de la ciudadanía
El debate sobre una nueva constitución no puede ser monopolio de las élites políticas. Debe involucrar a los pueblos indígenas, comunidades afro, mujeres, jóvenes, trabajadores, empresarios, académicos y organizaciones sociales. Cualquier transformación constitucional auténtica debe surgir desde abajo, como expresión de una voluntad colectiva real.
Conclusión
La Constitución de 1991 fue y sigue siendo un hito. Su espíritu democrático y garantista no debe ser descartado a la ligera. Pero el paso del tiempo y los cambios del país obligan a preguntarnos si está a la altura de los retos actuales. La decisión de reformarla o reemplazarla no debe basarse en intereses coyunturales, sino en una reflexión profunda sobre el país que queremos construir. Lo esencial será mantener el horizonte de una Colombia más justa, democrática, incluyente y en paz.
