El presupuesto público debería ser uno de los instrumentos más vigilados por la ciudadanía. Sin embargo, en Colombia, su ejecución suele quedar en manos de quienes tienen poder, pero no necesariamente control.
Cada año se destinan billones de pesos a educación, salud, infraestructura y cultura. Pero una parte significativa de esos recursos termina en manos de contratistas que incumplen, políticos que favorecen intereses privados o simplemente se diluye en trámites, sobrecostos y corrupción.
La ejecución no garantiza impacto
Que el dinero se “ejecute” no significa que se use bien. El modelo actual premia el gasto por gastar: alcaldías y gobernaciones se apuran a contratar antes del cierre fiscal, muchas veces sin planificación real. El resultado: obras innecesarias, duplicadas o sin impacto.
Contratos amañados y poca transparencia
La contratación pública sigue siendo un espacio opaco. A pesar de las plataformas como SECOP, muchas decisiones se toman a puerta cerrada. Se repiten los contratistas, se fraccionan contratos y se evitan licitaciones abiertas.
¿Y los órganos de control?
En teoría, la Contraloría, la Procuraduría y las veedurías deberían vigilar. En la práctica, muchas veces llegan tarde, no tienen dientes o simplemente están cooptadas por los mismos intereses que deberían controlar.
La solución: control ciudadano activo
El verdadero cambio vendrá cuando más ciudadanos conozcan el presupuesto, lo sigan, lo cuestionen y exijan resultados. Porque el presupuesto no es del gobierno: es del país.
En Ciudadanía Crítica creemos que el control del gasto público es una herramienta esencial para construir una democracia funcional.
